CDE no se hace parte en indagación en Registro Civil

La fiscal a cargo del caso investiga si es cierto que en una reunión la ex jefa de informática del organismo alertó que un asesor del servicio había trabajado para la firma Tata Consultancy.

Jacmel Cuevas

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Por carecer de mayores antecedentes, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió no hacerse parte por ahora en la investigación por las irregularidades detectadas en la licitación de la nueva plataforma tecnológica del Registro Civil, proceso que derivó en la destitución de toda la plana mayor del organismo.
Tras la tradicional reunión realizada en la tarde de ayer, trascendió que la entidad -encargada de resguardar los intereses del Fisco- no adoptó ninguna decisión, ya que sólo cuentan con la denuncia de una carilla y media que interpuso el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. En dicha declaración, el secretario de Estado sólo entregó información de oídas, que recibió por parte de ejecutivos de empresas del área informática.
Hace una semana, los dos abogados del CDE encomendados para el caso, Marcelo Oyarcabal y Lupy Aguirre, recibieron una negativa por parte de la fiscal encargada de la investigación, Alejandra Godoy, de entregarles antecedentes de la carpeta del caso, ya que decidió decretar reserva de la misma por un plazo de 40 días. Por ello, se optó por dejar en suspenso la decisión, hasta que se recabe información más contundente sobre el tema.
Mientras, la fiscal Godoy se encuentra indagando un antecedente considerado clave para determinar el grado de responsabilidad que le podría corresponder al destituido director del Registro Civil Guillermo Arenas en las presuntas irregularidades en la licitación.
Se trata de una supuesta reunión que habría ocurrido el 17 de enero de este año, en la cual la jefa del Departamento de Informática, María Isabel Moya, habría informado a los presentes que Andrés Contardo, ex asesor informático del servicio, trabajó para Tata hasta fines de 2007. Esa firma fue la que se adjudicó la licitación.
Según habría declarado Moya, en la cita, además de ella y Arenas, estuvieron el ex jefe de gabinete Jorge Lobos y el abogado asesor del organismo Patricio Mizón. El 23 de ese mismo mes la Contraloría impugnó la primera adjudicación a Tata, debido a que las pautas de evaluación aplicadas por la comisión encargada del proceso no coincidían con las bases de la licitación.
No obstante, trascendió que Lobos descartó tajantemente haber participado de la cita por estar fuera de Santiago.
La fiscal interrogó ayer en calidad de testigo al ex subdirector de Estudios del organismo, José Andrés Moreno (PRSD). La diligencia se extendió por casi tres horas.