29 de junio de 2008
Ramiro Mendoza ultima detalles del documento que cuestiona los contratos de la municipalidad con la empresa GMA.

Alcalde Gonzalo Cornejo.
Afinando los últimos detalles de la auditoría en la Municipalidad de Recoleta se encuentra el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.
Si bien se esperaba la publicación del informe final para esta semana, fue el propio contralor quien esta tarde despejó las dudas: "el lunes a primera hora", dijo Mendoza tras salir raudo de su despacho ubicado en el noveno piso de Teatinos 56.
La Contraloría se encuentra indagando los contratos suscritos entre la Municipalidad de Recoleta –del alcalde UDI Gonzalo Cornejo- y la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), situación que ya ha sido cuestionada por el organismo que lidera Mendoza en otros municipios gremialistas, como el de Huechuraba y Viña del Mar.
Según se tiene previsto, la investigación arrojará irregularidades en dos contratos con la firma GMA (en 2006 y 2007), pues los documentos fueron suscritos por Cornejo, en representación del municipio, y por Jenny Acevedo (ex jefa de gabinete del edil), representante legal de GMA. El problema que objetó Contraloría es que, en paralelo, Acevedo mantenía un vínculo comercial con Cornejo en la empresa Rush S.A.
Esta situación está prohibida por ley, pues los funcionarios públicos no pueden suscribir contratos con familiares o socios comerciales. De ocurrir, los delitos en que se incurre podrían ser fraude al Fisco y negociación incompatible.
Consultado por la demora en la evacuación del esperado informe, el Contralor respondió que se debe a que "hay que hacer un buen trabajo y no puedo sacarlo de una manera apresurada".
Ayer, Cornejo sorprendió al realizar una presentación en el 22 Juzgado del Crimen de Santiago dando cuenta del rol de Acevedo en GMA y Rush, como una forma de adelantarse al informe de la Contraloría.
De prosperar esta acción el caso lo podría tomar la justicia antigua porque los hechos habrían ocurrido antes del 16 de junio (fecha de inicio de la Reforma Procesal en la Región Metropolitana), lo que implica un juicio mucho más extenso y secreto.