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29 de octubre de 2008

POLÍTICA

Alianza no descarta acusación constitucional contra Barría pese a renuncia

Los diputados de Renovación Nacional y la UDI valoraron el gesto de la ministra de Salud, pero señalaron que sus bancadas decidirán la próxima semana si continúan con la medida en el Congreso.

Daniela Salinas


28/10/2008 - 15:33

"Las responsabilidades no se extinguen". Ese es el argumento central que utilizaron los diputados de Renovación Nacional y la UDI para no descartar la presentación en el Congreso de una acusación Constitucional en contra de la ministra de Salud, María Soledad Barría, por las irregularidades en la notificación de casos de VIH en el hospital de Iquique.

"Valoramos el gesto porque por primera vez un ministro de la Concertación asume su responsabilidad política. La situación hoy día evidentemente tiene un cambio, sin embargo al interior de nuestras bancadas hemos analizado el tema creemos que no hay variación sobre la seguridad que se le puede dar a nuestra población en cumplimiento de la legalidad vigente. es por ello que seguimos analizando la posibilidad de la acusación constitucional. No se ha descartado del todo", señaló el presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Juan Lobos (UDI).

El parlamentario destacó que no se trata de una "persecución política" en contra de Barría, sino que al contrario "garantizar un derecho que la Constitución establece".

En tanto, la diputada de RN que también integra la comisión de Salud, Karla Rubilar, señaló que "se valora y se agradece que hoy por fin el hilo no se esté cortando por lo más delgado sino que se está asumiendo como corresponde en la autoridad ministerial".

La legisladora hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet a buscar una persona "muy capacitada" para reemplazar a Barría, argumentando que "la crisis de Salud es una crisis que hoy se puede denominar como insuficiencia crónica que se mantiene hace mucho tiempo, y que no está permitiendo que las personas de bajos recursos reciban una atención de calidad".

Según lo establece la ley, los parlamentarios de la Alianza tienen un plazo de seis meses desde que un ministro deja su cargo para presentar una acusación constitucional en su contra.