29 de octubre de 2008
Antonio Infante agregó que una acusación constitucional era un "riesgo demasiado grande" para la ex ministra, con quien tuvo diferencias por el gasto en el plan Auge.

Infante no se mostró sorprendido por la decisión de Barría.
"Es lo que tenía que hacer", afirmó el ex subsecretario de Salud, Antonio Infante, tras conocer la renuncia de la titular del ramo, María Soledad Barría, por el escándalo suscitado por la no notificación de 25 pacientes con VIH en el Hospital de Iquique.
El hecho provocó la muerte de un matrimonio que no pudo someterse a los tratamientos que hoy tiene la mortal enfermedad.
El médico salubrista tuvo diferencias con la dimitida ministra debido a que Barría no accedió a gastar el máximo permitido para los pacientes en el Plan Auge lo que, a su juicio, habría permitido disminuir las listas de espera. Estaba autorizado gastar 3,06 UF por usuario, pero sólo se llegó a las 2,3 Unidades de Fomento.
"A mí no me sorprende (su renuncia), quedar inhabilitada por cinco años como la ex ministra Provoste es un riesgo demasiado grande para una persona. Entonces, no podía arriesgarse a la acusación constitucional, me parece que es lo que tenía que hacer", expresó el ex subsecretario de Lagos a La Tercera.com.
El ex presidente del Consejo Consultivo del Auge dijo que con la decisión adoptada, Barría "está asumiendo la responsabilidad de la conducción de una organización que, sin duda, estaba teniendo problemas", los que atribuyó a “una falta de respeto a la profesionalización del sistema público", donde la ex secretaria de Estado "tiene un nivel de responsabilidad".
Respecto a si las razones de su salida obedecen a evitar la sanción de quedar inhabilitada por cinco años para desenvolverse en el sistema público, el médico salubrista dijo que "está eso y que el gobierno sea sometido a una segunda acusación constitucional".
Infante salió del Minsal luego de que anunciara que la píldora del día después se entregaría a todas las mujeres del país y no sólo a aquellas que hayan sido víctimas de una violación, en contraposición a la postura oficial del gobierno. El hecho fue calificado -en tono distendido- como "un condoro" por el entonces Presidente Ricardo Lagos.