20 de septiembre de 2008
Leopoldo Fernández deberá ser procesado mediante un juicio de responsabilidades, autorizado por el Congreso Nacional, y no por un juicio penal como ocurre ahora en La Paz.
La Corte Suprema de Justicia de Bolivia intervino hoy en el proceso judicial del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y ordenó que deje la cárcel pública de La Paz, donde estaba sindicado de ser autor intelectual de la matanza de al menos 15 campesinos.
El prefecto aguardaba una orden judicial para dejar la prisión para ser procesado en Sucre por genocidio.
El magistrado José Luis Baptista aclaró que Fernández deberá ser procesado mediante un juicio de responsabilidades, autorizado por el Congreso Nacional, y no por un juicio penal como ocurre ahora en La Paz.
El juez Williams Dávila, el mismo que instruyó la reclusión del prefecto de Pando, admitió hoy que hará caso al requerimiento de la Corte Suprema de Justicia.
"La nueva disposición legal se comunicará a las partes en litigio y el detenido será remitido mañana a Sucre (sede de la Corte Suprema). Al tribunal de la nación no podemos desobedecer. Esa es una disposición que se cumple", agregó Dávila.
El prefecto Fernández deberá abandonar la cárcel pública de La Paz, aspecto que enfrenta nuevamente al Poder Ejecutivo con el Judicial.
El Consejo de la Judicatura, por su parte, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, instruyó hoy abrir un proceso de investigación contra los jueces que rechazaron el recurso de Hábeas Corpus y encarcelaron, de forma preventiva, a Fernández, por su presunta participación en el asesinato de tres estudiantes normalistas en Porvenir.
El consejero del Consejo de la Judicatura, Rodolfo Mérida, dijo que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema aprobó un auto supremo que pide investigar a los jueces que atendieron el caso del prefecto pandino.
"Siguiendo nuestra potestad disciplinaria, el plenario del Consejo de la Judicatura se va pronunciar para que a través de la Gerencia del Régimen Disciplinario se investigue lo que corresponda", dijo Mérida.
La abogada que patrocina a los familiares de los normalistas fallecidos en Pando, Mary Carrasco, anticipó hoy que presentará ante la Cámara de Diputados una proposición acusatoria contra el fiscal general, Mario Uribe, por entorpecer en el proceso legal instalado en La Paz contra Fernández.
"(El fiscal) pretende obstruir la acción de investigación por el delito de terrorismo (que se le inició en la justicia ordinaria), y pretende llevar la acción a Sucre donde sabe que el delito de genocidio nunca va a prosperar", dijo Carrasco.
El fiscal general planteó el lunes 15 un proceso en contra el prefecto Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador suplente Abraham Cuéllar por el delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta.