25 de septiembre de 2008
Según Maroni, la muerte de seis inmigrantes africanos la semana pasada en la provincia de Caserta fue un "acto de terrorismo" por el control criminal del territorio.
El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, afirmó que la mafia napolitana declaró la "guerra civil" al Estado, y afirmó que la muerte de seis inmigrantes africanos la semana pasada en la provincia de Caserta fue un "acto de terrorismo" por el control criminal del territorio.
Maroni presentó un informe al Senado italiano sobre los homicidios ocurridos el 18 de septiembre en Castel Volturno (Caserta) y por los cuales ya fue arrestado hace dos días uno de los presuntos asesinos, lo que llevó el gobierno a enviar 500 militares en la región de Campania, sur del país. "Estamos en presencia de una guerra civil propiamente dicha, que la Camorra (la mafia) le declaró al Estado, y el Estado debe responder con todos los medios para reafirmar el control de legalidad en todo el territorio nacional", dijo el ministro.
Para subrayar su argumento, Maroni recordó que "es significativo que la fiscalía de Nápoles decidió acusar a la persona que fue arrestada del delito por la matanza de Castel Volturno con la indicación de finalidad de terrorismo".
Alfonso Cesarano, que se encuentra bajo arresto domiciliario, es hasta ahora el único arrestado considerado uno de los componentes del comando que abrió fuego sobre los inmigrantes, mientras otros dos presuntos mafiosos, Alessandro Cirillo y Oreste Spagnolo, son requeridos por el mismo delito.
Comentando los motivos de la masacre de Castel Volturno, de la cual resultó víctima también un italiano, considerado vinculado a un ex jefe de clan de la Camorra, Maroni sostuvo que según los investigadores, los episodios "confirman la estrategia de los Casalesi (importante clan) de neutralizar, hasta con acciones violentas, todo oposición a su afirmación del propio poder criminal, incluso respecto a la criminalidad extranjera".
En el blanco de los investigadores está un grupo de unos diez ex miembros del clan de los Casalesi que tras la decisión del ex capo Domenico Bidognetti de colaborar con los magistrados en las investigaciones sobre los jefes de la organización, decidió independizarse, controlando las actividades criminales de Castel Volturno.
Este grupo estaría tratando de ejercer un control sobre las "actividades criminales ejercidas por las organizaciones de la delincuencia de inmigrantes africanos presentes en la zona", afirmó Maroni, mencionando en particular la venta de droga, pero también la explotación de la prostitución y del trabajo en negro, el juego clandestino, la extorsión, entre otros.