18 de octubre de 2008
Se especula que los detenidos recibían entre $300 mil y $4 millones por borrar antecedentes delictuales o cambiar muestras de sangre por alcoholemia.

Como una de las "investigaciones de mayor envergadura en lo que se refiere a corrupción de instituciones vinculadas al sector justicial", calificó el jefe de la fiscalía de delitos económicos Centro Norte, Iván Millán Gutiérrez, la detención de una red integrada por policías y funcionarios judiciales, que otorgaban beneficios a delincuentes.
Según el fiscal, entre los beneficiados se encuentran delincuentes que están procesados por tráfico, violación y otros delitos, quienes conseguían documentos legales falsos para rebajar las penas a las que habían sido condenados. "La detención se produce a través de la detección falsa que permitió a algunas personas sustraerse de la acción de la justicia", explicó.
Por otro lado, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Estanislao Duffey, sostuvo que el presidente del organismo les pidió ser "extremadamente cuidadosos en esta investigación" y "pedir el máximo de las penas, debido a que este hecho es grave para la imagen país, para la policía y el sistema judicial chileno", informó.
Consultado sobre la sobrevulnerabilidad del sistema judicial, dijo que éste "ha funcionado lo suficientemente bien como para descubrir esta red y juzgarla, el CDE pedirá el máximo de las penas".
Se especula que los funcionarios recibían entre $300 mil y $4 millones, dependiendo de la gravedad del delito.
Hasta el momento, y según fuentes vinculadas al caso, serían al menos 100 delincuentes los que se acreditan haber sido beneficiado. De ese número, al menos 30 se encuentran en libertad gracias a este beneficio; sólo tres han sido recapturados.
Mientras, el segundo jefe de comunicación de Carabineros de Chile, comandante Mario Rozas, relató a ADN Radio que "en cumplimiento de un mandato del judicial, a contar de las 3 de la mañana de hoy comenzó a hacer una serie de diligencias, tendientes a lograr la detención de ocho personas civiles, que están involucradas en situaciones irregulares, que dice relación con la obtención de unos beneficios penitenciarios (...) ya estamos en condiciones de poner todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público".
HARBOE DESTACA LABOR DE LA JUSTICIA
Por su parte, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, descartó que los detectives detenidos pertenezcan a la unidad de narcóticos.
"A esta hora, según he sido informado muy temprano por ambas policías, ya existen siete detectives que han sido detenidos y alrededor de ocho civiles, funcionarios del poder judicial" que han sido detenidos en una operativo anticorrupción que está en desarrollo", expresó a radio Cooperativa.
La operación se realizó en virtud de una investigación de la fiscalía Centro Norte a cargo de la fiscal Nancy González y que comenzó en mayo de 2007, cuando se descubrió a la banda. En esta línea, Harboe destacó la eficacia del sistema judicial chileno.
Harboe resaltó que si el sistema judicial es capaz de advertir este tipo de situaciones, pese a que los implicados pertenecen a miembros de sus filas o a instituciones como Investigaciones o Carabineros.
"Este país puede estar tranquilo, porque el sistema judicial va a perseguir la responsabilidad, sean quien sean los autores, porque ha logrado detectar detener a los detectives y a aquellos funcionarios del poder judicial que estaban cometiendo esos ilícitos", agregó.